Redacción
El viernes 7 de marzo, la ciudad registró más de 350 milímetros de lluvia en pocas horas, desatando uno de los desastres ambientales más graves de su historia. Hasta la fecha, se reportan 16 víctimas fatales, más de 100 personas desaparecidas y más de 900 evacuadas. Además, más de 5.000 hogares han resultado afectados, muchos de ellos con daños irreparables.
Las pérdidas materiales son incalculables y la reconstrucción demandará una inversión significativa de recursos. Mientras tanto, las autoridades nacionales, provinciales y locales trabajan para brindar asistencia a los afectados, aunque el desafío sigue siendo inmenso.
El colapso de la infraestructura vial ha complicado las tareas de rescate y distribución de ayuda, evidenciando la falta de planificación urbana y de sistemas adecuados para mitigar los efectos de estos eventos climáticos extremos.
El cambio climático como factor determinante
Los impactos del cambio climático ya son irreversibles. Eventos como lluvias torrenciales más frecuentes e intensas y el aumento del nivel del mar han sido reportados en el Primer Reporte Bienal de Argentina ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este documento advierte que algunas regiones del país, incluida la costa sur de la provincia de Buenos Aires, podrían enfrentar inundaciones permanentes.
Lo ocurrido en Bahía Blanca es un claro reflejo de esta realidad. La infraestructura urbana no estaba preparada para absorber la enorme cantidad de agua caída en tan poco tiempo, lo que superó la capacidad de drenaje y provocó el colapso de numerosos sectores de la ciudad. La falta de planificación y estrategias de respuesta rápida dejó a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Urgente necesidad de adaptación
Negar la existencia del cambio climático y sus impactos impide el diseño e implementación de políticas públicas eficaces para prevenir y mitigar estos desastres. La evidencia científica ha advertido por décadas sobre las consecuencias del calentamiento global, y la realidad climática no hace más que confirmarlo.
Ante este escenario, las autoridades nacionales y locales deben adoptar medidas urgentes para adaptarse a los efectos del cambio climático. Es imperativo mejorar los sistemas de drenaje urbano, rediseñar la infraestructura para hacerla más resiliente y desarrollar planes de prevención ante eventos climáticos extremos. Además, se requiere la implementación de políticas de concienciación sobre la necesidad de un desarrollo urbano sostenible que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas.
Políticas insuficientes y recortes presupuestarios
A la falta de previsión climática se suman decisiones gubernamentales que han debilitado la capacidad del Estado para responder a emergencias. Un ejemplo de ello es la drástica reducción en la ejecución del proyecto “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos”, que pasó de contar con un presupuesto de $37.155 millones en 2023 a apenas $46,6 millones en 2024, una reducción del 99,96%. Esto se debe tanto a un recorte en la asignación de fondos como a la decisión política de ejecutar solo el 0,2% del presupuesto disponible.
Otro golpe a la capacidad de respuesta ante emergencias fue la disolución de la Dirección Nacional de Emergencias por parte del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano. Esta medida dejó sin empleo o en disponibilidad a 485 trabajadores cuya función era coordinar el envío de insumos y brindar asistencia en situaciones de catástrofe. La eliminación de esta dependencia en vísperas de una tormenta devastadora en Bahía Blanca expone la falta de previsión y planificación gubernamental ante desastres naturales.
Construir resiliencia para evitar nuevas tragedias
Las inundaciones en Bahía Blanca son una advertencia de lo que puede ocurrir en otras regiones del país si no se adoptan medidas urgentes de adaptación. Es fundamental que Argentina implemente políticas climáticas integrales, incluyendo sistemas de alerta temprana y protocolos específicos para la protección de la población en situaciones de emergencia. También es imprescindible sostener un presupuesto adecuado para mitigar los daños y pérdidas que estos eventos ocasionan, especialmente entre los sectores más vulnerables.
La reconstrucción de las comunidades afectadas es solo el primer paso. Para reducir la vulnerabilidad territorial y evitar futuros desastres, es necesario implementar el Plan Nacional de Adaptación en su totalidad y promover un modelo de desarrollo urbano que priorice la resiliencia ante el cambio climático.
Fuente: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
