Tras una investigación que acumuló casi un centenar de testigos, pericias químicas, informes médicos y embargos millonarios, el juez Lucas Yancarelli decidió conceder la suspensión de juicio a prueba a los tres imputados por uno de los pasivos ambientales más graves de la Patagonia petrolera. La resolución sienta un precedente incómodo para el tratamiento futuro de los delitos ambientales corporativos en Neuquén.