RedacciónLa causa judicial contra la empresa Comarsa, señalada por la acumulación masiva de residuos petroleros en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, entró en su etapa final antes del juicio oral.
El 27 de febrero, el juez de garantías Juan Manuel Kees extendió por dos meses y medio el plazo de investigación penal preparatoria, fijando como nuevo vencimiento el 18 de mayo. Una vez cumplido ese plazo, deberá convocarse la audiencia de control de la acusación, instancia previa al debate oral.
La fiscalía solicitó que el juicio se realice bajo la modalidad de jurado popular, dado que las penas en expectativa superarían los tres años y medio de prisión efectiva, requisito que habilita ese procedimiento en la provincia.
Según la teoría fiscal difundida en medios regionales, la empresa habría acumulado aproximadamente 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos hacia 2017 sin tratamiento adecuado. La acusación sostiene que la firma continuó recibiendo barros y lodos contaminados provenientes de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, pese a no contar con capacidad real para procesarlos en la magnitud declarada.
El Ministerio Público Fiscal atribuye a los imputados dos tipos de delitos en concurso ideal:
Infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos (contaminación o adulteración del ambiente).
Administración fraudulenta, por presunta simulación de ganancias y certificaciones de tratamiento que no se habrían realizado.
La investigación sostiene que, a través de certificaciones ambientales emitidas sin tratamiento efectivo, la empresa habría continuado facturando y justificando distribución de dividendos.
La causa alcanza a tres ex directivos identificados por sus iniciales:
J.M.L., presidente desde el 1 de abril de 2014 y accionista mayoritario.
H.E.B., director suplente entre 2014 y 2017, con continuidad en funciones hasta 2021.
F.A.P., gerente general y responsable técnico entre 2013 y 2016.
La fiscalía habría señalado que fue necesario “correr el velo societario” para determinar responsabilidades individuales dentro de la estructura empresaria.
De acuerdo con la acusación publicada, la empresa habría ocupado más de 17 hectáreas de tierras provinciales y municipales sin autorización formal, ampliando su zona de acopio fuera de los límites habilitados.
Informes periciales incorporados al expediente —según lo difundido en la causa— darían cuenta de presencia de metales pesados y compuestos volátiles en suelos y residuos. También se menciona la intervención del Cuerpo Médico Forense con un informe sobre riesgo sanitario potencial, aunque el contenido técnico completo no es de acceso público.
Respecto del volumen actual de residuos involucrados en el plan de remoción y traslado, distintas publicaciones mencionan cifras del orden de 200.000 a 210.000 metros cúbicos, vinculadas a autorizaciones y planes de saneamiento en curso.
En el marco del proceso penal, se trabó un embargo cercano a 7 millones de dólares, monto que la fiscalía vincula con una estimación preliminar del costo de remediación del pasivo ambiental acumulado.
En declaraciones públicas previas, el fiscal del caso advirtió que, al ritmo de remoción informado, el proceso completo podría extenderse por varios años, incluso estimando plazos cercanos a una década para la limpieza total.
La primera denuncia pública por la acumulación irregular data de 2020. No obstante, antecedentes administrativos indican que ya en 2017 la autoridad ambiental provincial había ordenado restricciones y detectado ingresos de residuos posteriores a las fechas autorizadas.
En 2015, un decreto provincial dispuso la reubicación de plantas tratadoras fuera del ejido urbano y a una distancia mínima de asentamientos poblacionales. El número exacto del decreto presenta distintas referencias en publicaciones periodísticas y requiere verificación directa en el Boletín Oficial provincial para su cita precisa.
Si la causa avanza a debate con jurado popular, podría convertirse en uno de los primeros procesos penales de gran escala vinculados a residuos de la industria petrolera en la región.
Más allá de las responsabilidades individuales que determine la Justicia, el expediente deja abierta una discusión estructural: cómo una empresa dedicada al tratamiento de residuos de la formación más productiva del país pudo operar durante años en pleno tejido urbano con semejante volumen de material peligroso acumulado.
La respuesta ya no será solo técnica ni administrativa. Será judicial.
