RedacciónEn Argentina, la expansión del fracking en Vaca Muerta instaló un nuevo eje de discusión ambiental: el agua. No sólo por el volumen que demanda la actividad, sino por el circuito completo que sigue ese recurso una vez utilizado. La tensión no es nueva, pero los números que la sostienen sí lo son.
En enero de 2025 se realizaron 1.761 etapas de fractura en la formación, superando el récord anterior de 1.703 alcanzado en junio de 2024. Cada etapa requiere en promedio 1.500 metros cúbicos de agua dulce. Un pozo shale estándar, con alrededor de 30 etapas de fractura, consume entre 45.000 y 60.000 metros cúbicos en total —el equivalente a entre 18 y 24 piletas olímpicas por perforación. La multiplicación de estas cifras define la escala del problema: en 2024, la actividad de fractura insumió 27.105.000 metros cúbicos de agua, equivalente a 27.105 millones de litros. Si el ritmo de enero de 2025 se sostiene, la proyección anual supera los 31.698 millones de litros.
El agua proviene principalmente de los ríos Neuquén y Limay. El río Colorado abastece de manera secundaria los yacimientos del norte de la provincia. La normativa vigente desde 2012 —el decreto provincial 1483/12— prohíbe el uso de aguas subterráneas aptas para consumo humano y exige que toda captación sea de fuentes superficiales, con autorización previa de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.
El salto productivo es verificable. En 2020 había poco más de 2.000 pozos fracturados en Vaca Muerta. En 2023 ya eran cerca de 3.000. En agosto de 2025, la formación registró más de 4.200 pozos activos. El consumo de agua creció en paralelo: entre octubre de 2020 y octubre de 2023, el volumen utilizado para fractura se multiplicó por 20, según relevamientos de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue en convenio con el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI).
Las principales operadoras que traccionan esa actividad son YPF —con 879 etapas de fractura solo en enero de 2025—, Tecpetrol (209) y Pluspetrol (167). El total de etapas ejecutadas en 2024 demandó, además del agua, 4.517.500 toneladas de arena: 250 toneladas por fractura, transportadas en aproximadamente 482 viajes de camión diarios por los accesos del yacimiento.
Una vez utilizada, el agua retorna a superficie en dos flujos diferenciados. El primero es el flowback o agua de retorno: el fluido que regresa al boca del pozo durante las primeras semanas tras la fractura, representando entre el 20 y el 40% del volumen inyectado. El segundo es el agua de producción o agua de formación, que asciende mezclada con los hidrocarburos a lo largo de toda la vida productiva del pozo. Ambos flujos tienen composición y volúmenes distintos, y ninguno puede ser liberado directamente al ambiente.
En términos acumulados, el flowback generado en Vaca Muerta entre 2010 y 2019 se estimó entre 4,9 y 9,7 millones de metros cúbicos, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación. Los aditivos químicos representan entre el 0,5% y el 1% del fluido de fractura, pero su composición —gelificantes, ácidos y otros compuestos— genera preocupación por su toxicidad para la vida acuática y la salud humana.
La normativa neuquina establece que estos fluidos deben ser tratados antes de su reutilización o disposición final. El decreto 1483/12 fija un orden de prioridades: primero el reúso en nuevas fracturas hidráulicas, luego el uso condicionado para proyectos de forestación, y finalmente la inyección en pozos sumideros como última alternativa, siempre con autorización previa de Recursos Hídricos. Hasta un 30% del agua necesaria por pozo puede provenir de agua reciclada de flowback, según estimaciones de las propias operadoras.
Los pozos sumideros son perforaciones profundas diseñadas para inyectar fluidos residuales en formaciones geológicas aisladas de los acuíferos de agua dulce, generalmente a más de 1.500 metros de profundidad en las formaciones Centenario o Agrio. En teoría, el aislamiento evita la contaminación. En la práctica, el esquema es parte estructural del sistema: la provincia habilita 163 pozos sumideros activos, de los cuales 71 pertenecen a YPF.
El principio técnico es claro: si la formación receptora está correctamente aislada y el pozo tiene integridad estructural, el riesgo de contaminación debería ser mínimo. El problema es que ese "debería" depende de variables que no siempre se controlan con la misma rigurosidad con la que crece la producción.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) identificó en sus evaluaciones que las actividades asociadas al fracking pueden impactar fuentes de agua potable bajo ciertas condiciones: derrames en superficie, fallas en la integridad de los pozos, tratamiento insuficiente de residuos y almacenamiento inadecuado. El Servicio Geológico del mismo país (USGS) advierte además sobre sismicidad inducida y migración de contaminantes a través de fallas geológicas o pozos mal sellados.
La evidencia local refuerza esas advertencias. En noviembre de 2015, la localidad neuquina de Sauzal Bonito registró un sismo de magnitud 4,2 que fue percibido por la población. Desde entonces se multiplicaron los eventos sísmicos en zonas de fractura. En 2018, el propio Ministerio de Medio Ambiente provincial reconoció el deterioro de viviendas afectadas y admitió que sin una red adecuada de estaciones sismológicas no es posible determinar con certeza los impactos de la actividad. Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan, que instalaron once sismógrafos en el área, concluyeron que las evidencias no descartan la inducción sísmica por fractura hidráulica e inyección de flowback.
Para comprender la dimensión del problema ambiental es imprescindible entender el contexto económico en el que opera. Vaca Muerta ya aporta el 60% de la producción nacional de petróleo y el 70% del gas. En 2024, el sector energético generó exportaciones por 9.677 millones de dólares —el 12% del total nacional— y produjo el superávit de balanza comercial energética más alto desde 2006: 5.668 millones de dólares. En 2025, ese superávit creció a 7.815 millones de dólares, el mayor de la historia, representando casi el 70% del superávit del comercio exterior total del país.
Para Neuquén, la ecuación es igualmente determinante. Las regalías provenientes de la producción no convencional pasaron de 11 millones de dólares en 2010 a 1.391 millones en 2024, un incremento del 12.500%. Hoy, Vaca Muerta explica el 92% de los ingresos totales por regalías de la provincia, que recibe alrededor de 4,15 millones de dólares diarios solo por ese concepto. El Presupuesto Provincial 2025 prevé que el 55% de los recursos del Tesoro provendrán de la explotación hidrocarburífera.
En ese marco, el gobierno nacional avanza con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece exenciones impositivas, reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, libre disponibilidad de divisas y acceso a arbitraje internacional. A comienzos de 2026, el gobierno nacional incorporó las inversiones de upstream no convencional al RIGI, tras gestiones del gobernador Rolando Figueroa ante el ministro de Economía Luis Caputo. Bajo ese esquema ya avanzan proyectos como el Oleoducto Vaca Muerta Sur —con una inversión inicial de 3.000 millones de dólares y capacidad para transportar 550.000 barriles diarios— y distintos proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) con destino a Asia y Europa. La meta oficial es alcanzar exportaciones de 30.000 millones de dólares anuales a partir de 2030.
Sin embargo, el RIGI también genera tensiones fiscales hacia adentro: legisladores provinciales alertaron que un precio del gas en boca de pozo inferior a 1,75 dólares por millón de BTU —posible en el nuevo esquema— podría recortar significativamente las regalías neuquinas, cuya magnitud hoy hace posible el propio presupuesto provincial.
Neuquén cuenta con normativa específica que obliga al tratamiento del agua de retorno y regula su disposición. Sin embargo, la discusión ambiental no se agota en la letra de la ley.
El crecimiento acelerado de Vaca Muerta implica una escala inédita de operaciones: más de 4.200 pozos activos, 163 pozos sumideros habilitados, instalaciones de tratamiento, transporte de fluidos y puntos de inyección distribuidos en una misma región. Ese volumen exige sistemas de monitoreo constantes, trazabilidad completa del agua y acceso público a la información. La Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén no respondieron consultas periodísticas sobre las políticas de gestión del agua en el yacimiento, según registraron investigadores del convenio UNCo-SEI.
Hoy, uno de los principales cuestionamientos no es la inexistencia de reglas, sino la dificultad para verificar de manera independiente y acumulativa qué ocurre con el agua a lo largo de todo el proceso.
El impacto sobre las napas de agua dulce no responde a una única causa, sino a la combinación de factores:
• Consumo masivo en zona semiárida: en 2024 se utilizaron más de 27.000 millones de litros; para 2025 la proyección supera los 31.000 millones
• Manipulación de dos flujos distintos con composición química compleja: flowback (retorno de las primeras semanas) y agua de formación (producción continua durante la vida del pozo)
• Posibles derrames durante el transporte por camiones cisterna, que en picos de actividad superan los 480 viajes diarios solo para arena
• Fallas en la cementación o integridad de los 163 pozos sumideros habilitados
• Sismicidad inducida documentada localmente desde 2015, con episodios en Sauzal Bonito y otras localidades
• Existencia de pasivos ambientales: pozos antiguos de la era convencional que podrían actuar como vías de migración de contaminantes
• Tendencia climática de reducción de precipitaciones y nieve en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro
Cuando estos elementos coinciden, el riesgo deja de ser teórico.
El desarrollo energético de Vaca Muerta es, sin duda, uno de los motores económicos del país. Sus números son contundentes: el sector energético representó en 2025 casi el 70% del superávit comercial argentino, y se proyecta que llegue a generar 30.000 millones de dólares en exportaciones anuales. Para Neuquén, la formación no es solo una fuente de regalías: es el sustento del 55% del presupuesto provincial.
Pero ese crecimiento plantea una tensión estructural que los indicadores económicos no reflejan: cómo compatibilizar producción a gran escala con la protección de recursos esenciales en una región con tendencia climática de sequía. El agua, en este contexto, deja de ser un recurso invisible para convertirse en un eje central de la discusión pública.
La pregunta ya no es si el fracking usa mucha agua —usa 31.000 millones de litros al año y la cifra crece. La pregunta es más incómoda: qué control real existe sobre ese circuito, qué garantías hay de que los pozos sumideros no fallaron ni fallarán, y cómo se toman decisiones de política energética cuando el 55% de los recursos del Estado provincial depende del buen funcionamiento de ese mismo sistema.
