El ajuste ambiental: menos presupuesto, más riesgos para el futuro

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, sufrirá en 2025 una caída real de casi el 69% en su presupuesto respecto a 2023, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La desfinanciación afecta a áreas clave como el manejo del fuego, los bosques nativos y los parques nacionales, lo que abre un escenario de riesgo para la prevención de catástrofes ambientales y la protección de los ecosistemas.

Un presupuesto en caída libre
El Gobierno nacional afronta por segundo año consecutivo un presupuesto prorrogado, una situación inédita en la historia argentina. Este mecanismo otorga un margen extraordinario de discrecionalidad para reasignar, modificar o recortar partidas sin pasar por el Congreso. En este contexto, el presupuesto de 2025 para la Subsecretaría de Ambiente muestra una reducción alarmante: una caída del 68,9% en términos reales en comparación con 2023, último año de la gestión de Alberto Fernández.

La ejecución de fondos en 2024 ya había sido mínima: apenas se utilizó el 36,4% del dinero disponible, y a mitad de 2025 el nivel alcanzaba el 42,3%. Este desfinanciamiento golpea directamente la capacidad del Estado de cumplir con políticas ambientales de largo plazo.

Fondos ambientales al límite
El Monitor de Presupuesto Ambiental de FARN muestra que 9 de las 10 partidas ambientales presentan recortes en términos reales de entre 28,1% y 83,2%. La Administración de Parques Nacionales pierde más del 40% de sus recursos respecto de 2023 y atraviesa su peor presupuesto en cinco años.

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos también refleja la magnitud del retroceso: en 2025 tendrá un 77,8% menos de recursos que en 2023, incumpliendo con lo que establece la Ley 26.331, que obliga a destinar al menos el 0,3% del presupuesto nacional y un 2% de las retenciones agropecuarias.

El caso crítico: el manejo del fuego
Uno de los recortes más sensibles es el del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que desde este año depende del Ministerio de Seguridad. En 2025 contará con apenas dos tercios de los fondos que manejaba en 2023, lo que representa una caída real del 33,9%.

La situación es todavía más grave al observar la ejecución: en 2024 se utilizó apenas el 22% del presupuesto disponible para enfrentar incendios, una reducción del 81% en términos reales frente a 2023. En un país donde los incendios forestales son cada vez más frecuentes y destructivos, la falta de recursos implica menos brigadistas, menos equipamiento y menor capacidad de respuesta inmediata.

Riesgos de una desfinanciación ambiental
La reducción del presupuesto ambiental compromete la capacidad de prevención y respuesta ante desastres naturales, erosiona la protección de ecosistemas estratégicos y agrava la vulnerabilidad de las comunidades. Sin políticas activas y con un financiamiento cada vez menor, el costo a pagar no será solamente ecológico, sino también económico y social: mayores pérdidas por incendios, inundaciones, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad.

La ecuación es clara: menos fondos hoy significa más riesgos y más gastos mañana. En este escenario, la política ambiental argentina se enfrenta al dilema de ser relegada como un gasto prescindible o asumida como una inversión estratégica para el futuro. 

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