El Presupuesto nacional 2024 tuvo una reducción real del 26,3%, con recortes en partidas ambientales que oscilaron entre el 34% y el 81%. En un contexto de crisis climática, la falta de inversión en prevención y adaptación expuso sus consecuencias: incendios devastadores en la Patagonia y Corrientes e inundaciones en Bahía Blanca, con graves pérdidas y daños.
El primer año de gobierno del presidente Javier Milei estuvo marcado por un esquema de ajuste que impactó directamente en áreas sociales, culturales y ambientales. La falta de inversión y prevención dejó en evidencia sus consecuencias: un Estado con escasas herramientas para prevenir y enfrentar los incendios y reducir las pérdidas y daños que causaron las inundaciones.
En una nueva publicación del Monitor ambiental del Presupuesto, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) analizan las prioridades económicas del Gobierno reflejadas en la ejecución del Presupuesto nacional 2024, que sufrió una reducción real del 26,3%. En el caso de las partidas ambientales, los recortes fueron aún mayores, con disminuciones que oscilaron entre el 34% y el 81% en términos reales. En el documento se destaca que:
“El desfinanciamiento de programas esenciales, como el manejo del fuego, la protección de los bosques nativos y el fomento de energías renovables, evidencia la falta de una planificación ambiental a largo plazo, en un contexto en el que los impactos de la crisis climática son cada vez más evidentes”
Un ejemplo de ello fueron los incendios en la Patagonia y Corrientes durante enero y febrero, que según reportes de la Administración de Parques Nacionales y organismos provinciales se quemaron 37.601 y 250.000 hectáreas de bosque, respectivamente. También las inundaciones en Bahía Blanca del 7 de marzo pasado, que dieron una muestra de cómo el cambio climático está alterando los patrones meteorológicos y cómo la infraestructura urbana no está preparada para gestionar el volumen de agua que cayó en un corto período de tiempo.
¿Cuáles son las prioridades del gobierno?
En el Monitor ambiental del Presupuesto, desde FARN detallan que si bien el presupuesto tuvo una reducción real del 26,3%, hay algunos sectores que no sufrieron grandes ajustes, como el hidrocarburífero y el pago de la deuda. Desde el gobierno nacional se mantuvo una estructura de subsidios que favorece ampliamente a las empresas del sector de gas y petróleo. De los $577.150 millones destinados a subsidios al gas, el 68,7% ($396.298 millones) fueron transferidos directamente a las empresas, mientras que solo el 31,3% ($180.852 millones) fueron destinados a facilitar el acceso a la energía y disminuir la tarifa energética.
Además, la caída en el financiamiento de ambas partidas mostró una distribución desigual: los subsidios a las empresas registraron una reducción real del 12,1%, mientras que los destinados a quiénes consumen cayeron un 38,9%.
Otra de las partidas presupuestarias más privilegiadas fue la de Deuda Pública, con una caída real del gasto de apenas un 15,2%, muy por debajo del ajuste aplicado al Presupuesto en su conjunto. En 2024, el Gobierno nacional destinó $9.413.245 millones al pago de Servicios de la Deuda Pública, alcanzando una ejecución del 91,6%.
En el gráfico siguiente se observa la baja participación que tuvieron durante el 2024 las partidas ambientales con respecto a la ejecución del Presupuesto nacional y su porcentaje de ejecución.
¿Quiénes pagan las consecuencias de la caída del presupuesto ambiental?
“Bajo el argumento de la reducción del Estado y la búsqueda del superávit fiscal, se recortan partidas ambientales esenciales para la protección ambiental y el bienestar de la población”, sostiene Matías Cena Trebucq, economista del área de Investigación de FARN.
Los incendios en la Patagonia y Corrientes, que dejaron víctimas fatales y destruyeron más de 100 viviendas, son una muestra del costo humano de la falta de prevención. Del mismo modo, las inundaciones en Bahía Blanca, con 16 víctimas fatales y destrozos en toda la provincia, evidencian la necesidad urgente de adaptar nuestras ciudades al cambio climático para evitar nuevas pérdidas económicas y humanas irreparables.
Cena Trebucq indica que mientras tanto, desde el Gobierno continúan subsidiando a empresas hidrocarburífera —favoreciendo a un sector con ganancias millonarias y con alto impacto socioambiental—, y las personas consumidoras enfrentan las consecuencias del ajuste fiscal.
“La recuperación del rol del Estado como garante del derecho a un ambiente sano y la implementación de mecanismos de planificación con perspectiva de justicia socioambiental resultan esenciales para enfrentar los desafíos climáticos y ecológicos del presente y del futuro”, finaliza el economista de FARN.
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