Cambio Climático: posiciones en debate

Lo único constante es el cambio, expresó Heráclito en el siglo V a.C., una sentencia que trasciende el tiempo y resuena aún hoy. Con estas palabras, el presocrático encapsuló una verdad fundamental: la mutabilidad es una fuerza omnipresente, vital para la evolución y la supervivencia de los seres vivos, modelando nuestro entorno y determinando nuestro destino.

El cambio climático, un fenómeno que abarca modificaciones en las temperaturas y los patrones climáticos, ha sido objeto de atención tanto por su carácter natural como por la influencia del hombre. Si bien históricamente ha habido cambios climáticos impulsados por variaciones en la actividad solar o eventos como erupciones volcánicas de gran magnitud, desde el siglo XIX el hombre ha sido el principal impulsor de este fenómeno.

La quema de combustibles fósiles, motor principal de la industrialización moderna, desencadena la liberación de gases de efecto invernadero (GEI). Estos gases, como el dióxido de carbono (CO2) y el metano, actúan como una manta invisible que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y provocando un aumento en las temperaturas globales.

Dos causas primordiales alimentan este cambio. Por un lado, el incremento de los GEI producto tanto de la agricultura como del uso de combustibles fósiles. Por otro lado, la reducción en la capacidad para absorción de CO2 derivada de la deforestación y cambio en los usos del suelo.

En el escenario global, la cuestión climática es protagonista en la “Conferencia de las Partes (COP)” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este evento anual constituye el punto de encuentro donde líderes mundiales se congregan para acordar acciones, forjando compromisos que buscan abordar este desafío planetario.

La COP28 de diciembre 2023, estableció la meta de reducir las emisiones mundiales de GEI alcanzando emisiones netas de CO2 cero para 2050 (Net Zero). La cumbre estuvo marcada por la frase: “El principio del fin de los combustibles fósiles”, sumada a la siguiente manifestación del Secretario General de la ONU, Antònio Guterres: «A los que se opusieron a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles (…) quiero decirles que es inevitable, les guste o no”.

Es importante señalar que China, Estados Unidos e India son responsables de más del 56% de las emisiones globales de GEI, con porcentajes del 31,8%, 14,4% y 9,5%, respectivamente. Además, se ha evidenciado que 10 países generan aproximadamente el 75% de estas emisiones.

 Argentina contribuye con menos del 1% de las emisiones globales de GEI, estando en el puesto número 31 del ranking. El país no solo no tiene el nivel de industrialización de los mencionados, sino que posee una matriz energética notablemente limpia. Además, no utiliza carbón para la generación de energía, una de las principales fuentes de emisiones de gases contaminantes.

Más bien, el 50% de nuestra matriz energética proviene de gas natural, mientras que un 15% se distribuye entre energía nuclear y otras fuentes renovables que no generan emisiones de GEI. En términos de emisiones de CO2 per cápita, Argentina se sitúa entre los países con niveles más bajos del mundo.

Al analizar el impacto de nuestro país en el cambio climático, resulta evidente que lo significativo es la disminución de la capacidad de absorción de CO2 debido a los desmontes y los cambios en el uso del suelo a raíz de la expansión de la agricultura intensiva desde hace dos décadas, sospechada además de ser la causa de las inundaciones del centro norte del país por la pérdida de cobertura vegetal que promueve el aumento de la escorrentía.

Asimismo, en lo que respecta a las emisiones de GEI, el mayor porcentaje es producto de la actividad agrícola. La industria argentina representa solo el 20% de ese 1% que el país contribuye a nivel mundial. Esto significa que, en comparación con los gigantes industriales, las emisiones Argentinas son modestas, representando tan solo el 0,2% del total mundial. De ese 0,2%, el Upstream solo representa una parte.

 Los cinco principales emisores de dióxido de carbono en 2023 son los mismos que en 2022: China, Estados Unidos, India, Rusia y Brasil. Juntos, estos cinco países representan más de la mitad de las emisiones globales de carbono.
 
Sobre esta base, Alberto Fernández manifestó en la COP26, en Glasgow 2022, que para avanzar con la agenda de transformaciones es necesario crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Buscó además, mostrar a la Argentina como un proveedor de gas natural a escala regional y global colaborando con las transiciones energéticas de otros países. Con este argumento propuso el “Canje de su deuda por acción climática”, algo que quedó en nada.

Además de pretender cambiar acción climática por deuda, la participación Argentina dada por la administración anterior en los organismos internacionales ha estado marcada por la intención de buscar recursos para continuar financiando fondos fiduciarios, como el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

Estos fondos, alimentados por el presupuesto nacional y las retenciones, están siendo objeto de auditoría por parte de la administración actual, que los señala como una “caja gigantesca” de recursos públicos sin control alguno, convirtiéndolos en una especie de “caja negra” de la corporación política.

El fondo establecido en virtud de la Ley 26.331 o “Ley de Bosques”, ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del país, restringiendo proyectos productivos, agropecuarios, urbanísticos, turísticos e infraestructurales. Esta limitación se ha impuesto a pesar de que Argentina tiene una participación insignificante en las causas del cambio climático, lo que plantea interrogantes sobre la equidad de estas medidas en países “emergentes” como el nuestro.

La industria hidrocarburífera, que actualmente tracciona la esperanza que significa Vaca Muerta para la economía nacional, se encuentra bajo una constante inquisición, siendo objeto de regulaciones desproporcionadas en comparación con otras actividades. Como indicador del estigma que reina sobre el sector está la exagerada atención mediática que recibe un derrame de petróleo o agua de producción, en comparación con otras actividades de mayor impacto, quizás debido a otros intereses que exceden lo ambiental.

 Alberto Fernández exponiendo en la COP26 de Glasgow 2022.
 
Este enfoque, centrado principalmente en el Upstream, ha llevado a que los mercados donde cotizan estas empresas exijan informes anuales de sostenibilidad. Esto ha impulsado a las compañías a tomar medidas constantes para mantener o mejorar su imagen ambiental, incluso cuando su contribución al cambio climático es considerablemente menor que la de otras industrias. Algunas de estas empresas han establecido como política alcanzar el “Net Zero”.

En Neuquén, en 2022 el gobierno estableció el gabinete de cambio climático, con el propósito de desarrollar el Plan Provincial de Acción Climática para la Provincia del Neuquén. Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene información sobre los progresos de este comité.

Actualmente, se está debatiendo el proyecto para instituir por ley el Régimen Provincial de Acción Climática, dirigido a atenuar los impactos del cambio climático, evaluar las consecuencias ambientales de diversas acciones y reducir las emisiones de GEI. Se contempla nuevamente la creación de un Gabinete Provincial de Acción Climática.

Con el transcurso del tiempo, se podrá evaluar el avance de estas iniciativas. No obstante, la experiencia pasada sugiere que, en el ámbito del cambio climático, las reuniones han sido más bien infructuosas y carentes de resultados concretos.

El proyecto provincial más tangible y efectivo en la lucha contra el cambio climático es, sin duda, el continuo esfuerzo de forestación que se lleva a cabo desde 1974 a través de la Corporación Forestal Neuquina. Estudios del CONICET demuestran que las plantaciones de pino ponderosa han absorbido más carbono que la vegetación natural, aunque altera drásticamente el equilibrio de los ecosistemas, afectando directamente la biodiversidad, dejando los bosques más vulnerables a los incendios.

Desde una perspectiva ambiental, se han forestado más de 12.000 hectáreas, mientras que desde un enfoque socioeconómico se han generado más de 1.000 empleos, establecido el vivero más grande de la Patagonia y fundado tres aserraderos para la producción de diversos productos, brindando así un sustento económico real para la región. Tal vez este sea el modelo a seguir: fomentar actividades económicas que promueven el aumento de la capacidad de absorción de CO2 en lugar de restringir y estigmatizar actividades, considerando que Argentina tiene un impacto insignificante en las emisiones de GEI.

En conclusión, un verdadero diagnóstico de la situación de nuestro país y de nuestra provincia es necesario para saber dónde poner los esfuerzos. Continuar pretendiendo reducir los GEI con medidas que restringen el desarrollo en un país que necesita fortalecer su economía no parece muy inteligente. Las estériles mesas de trabajo basadas en declaraciones vacías y demagogas demuestran lo cierto de la frase atribuida a varios personajes de la historia “si quieres que algo no funcione, crea una comisión”.

(*) El autor es abogado, Licenciado en Ambiente y Fundador del Estudio Robledo y Asociados. Excoordinador de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén.