Controles ambientales en Neuquén: el desafío de fiscalizar el impacto de Vaca Muerta

La Secretaría de Ambiente de Neuquén anunció que en 2024 se realizaron 1.647 inspecciones ambientales, un 46% más que en 2023, lo que, según el organismo, demuestra un "refuerzo de los controles" en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y el desarrollo sostenible. Además, se llevaron a cabo 15 audiencias públicas ambientales, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Si bien estos datos reflejan un aumento en la fiscalización, persisten dudas sobre la eficacia real de los controles y la capacidad del Estado para hacer cumplir normativas ambientales en el contexto de Vaca Muerta, el principal polo hidrocarburífero del país. La explotación no convencional de petróleo y gas en esta formación ha estado en el centro de la polémica por los impactos ambientales de la fracturación hidráulica (fracking), los derrames y la contaminación de suelos y aguas.

Aumentan las inspecciones, pero ¿qué pasa con los pasivos ambientales?

Desde el Gobierno provincial destacan la implementación de la campaña "Neuquén Sostenible - Neuquén Infinito", orientada a la concientización ambiental, y la puesta en marcha de un programa de gestión de emisiones y residuos especiales enfocado en la industria hidrocarburífera. Sin embargo, diversos informes señalan que las regulaciones ambientales en Vaca Muerta aún presentan serias falencias en su aplicación efectiva.

Según un estudio de Greenpeace Argentina, en la provincia hay más de 800 piletas con residuos peligrosos de la actividad petrolera, muchas de las cuales han sido denunciadas por contaminación del suelo y filtraciones hacia napas de agua. Indarsa y Treater, empresas dedicadas al tratamiento de residuos petroleros, han estado en el centro de investigaciones y conflictos por su falta de cumplimiento de normativas ambientales, mientras que los controles del gobierno han demostrado escasa capacidad sancionatoria ante estas irregularidades.

En paralelo, un informe de la Universidad Nacional del Comahue reveló que en la zona de Añelo y Rincón de los Sauces se han registrado niveles de contaminación en aguas subterráneas que podrían estar vinculados a la actividad hidrocarburífera. Además, se ha documentado un aumento de sismos inducidos en la región, relacionados con la inyección de fluidos del fracking en el subsuelo.

Las contradicciones del discurso ambiental en Neuquén

El discurso oficial sobre un mayor control ambiental en Neuquén contrasta con la falta de sanciones contundentes a las empresas que incumplen normativas. A pesar de las múltiples denuncias de contaminación en Vaca Muerta, son pocos los casos en los que se han aplicado multas significativas o se ha obligado a las empresas a remediar el daño ambiental.

Por otro lado, el gobierno provincial promueve el desarrollo energético como un eje central de su modelo económico, al tiempo que se posiciona como garante del cumplimiento ambiental. Sin embargo, la dependencia fiscal de Neuquén respecto a la renta petrolera genera un conflicto de intereses evidente: ¿puede un gobierno que depende económicamente de las petroleras ser un regulador eficiente del impacto ambiental que generan?

Mientras tanto, las comunidades mapuches y organizaciones ambientales continúan exigiendo más transparencia en los datos sobre contaminación y más participación en las decisiones. La falta de acceso público a información sobre derrames, incidentes ambientales y monitoreos independientes sigue siendo uno de los principales reclamos en la región.

El desafío de fiscalizar sin presiones económicas

El incremento de inspecciones ambientales en Neuquén es un dato positivo, pero no suficiente para garantizar que la actividad en Vaca Muerta se realice con un control ambiental riguroso. La ausencia de sanciones ejemplares, los pasivos ambientales sin remediar y la falta de transparencia en los impactos de la industria petrolera siguen siendo puntos críticos en la política ambiental de la provincia.

Si Neuquén pretende consolidar un modelo de desarrollo sostenible, deberá fortalecer la independencia de los organismos de control, transparentar la información ambiental y garantizar la aplicación efectiva de normativas. De lo contrario, los avances en fiscalización quedarán en meras estadísticas sin impacto real sobre el ambiente y la salud de las comunidades afectadas.