Seis meses después de su desaparición en circunstancias aún no aclaradas, el caso de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de 72 años, vuelve a ocupar el centro de la escena política y social chilena. El colectivo G80, inspirado en el legado de Gabriela Mistral, entregó una carta al presidente Gabriel Boric exigiendo acciones urgentes para encontrar a Chuñil y garantizar la seguridad de los líderes ambientales en el país.
La misiva, firmada simbólicamente en nombre de la poetisa y premio Nobel chilena, fue entregada en La Moneda por la portavoz del grupo, Sol Danor, quien declaró: “No podemos permitir que las voces que defienden la tierra y el agua sean silenciadas. Julia representa a muchas personas que arriesgan su vida por un futuro más justo y sostenible”.
Una desaparición que enciende alarmas
Julia Chuñil desapareció en noviembre de 2024 en la localidad de Máfil, en la región de Los Ríos, una zona marcada por conflictos territoriales entre comunidades mapuche, empresas forestales y el Estado. Según su familia, Chuñil había recibido amenazas previas debido a su oposición a la deforestación y su lucha por la protección de tierras ancestrales.
Su caso no es aislado. Según datos de la Fundación Escazú Ahora, en 2023 se registraron amenazas contra al menos 20 defensores ambientales en Chile, el 65% de ellos mujeres. Lo que hace particularmente grave la situación de Chuñil es que se trata de la primera ecologista desaparecida desde que Chile ratificó el Acuerdo de Escazú en 2022, un tratado regional diseñado para proteger a los activistas ambientales. Sin embargo, su implementación efectiva sigue siendo una deuda pendiente.
Un patrón de violencia que se repite
El nombre de Julia Chuñil inevitablemente evoca otro caso que conmocionó a Chile: el de Macarena Valdés, defensora mapuche encontrada muerta en 2016 en circunstancias nunca esclarecidas. Valdés también luchaba contra una empresa hidroeléctrica en su territorio, y su familia siempre sostuvo que fue asesinada.
“Hay un patrón de impunidad en estos casos”, denuncia Daniela Catricura, sobrina de Julia. “Cuando defiendes la tierra, te conviertes en un obstáculo para intereses económicos poderosos. Y en Chile, eso parece ser un delito castigado con la desaparición o la muerte”.
Por su parte, el gobierno de Gabriel Boric ha recibido críticas por la lentitud en la investigación. Si bien el mandatario se comprometió a priorizar los derechos humanos y la protección ambiental, las familias de las víctimas y las organizaciones sociales exigen resultados tangibles.
El colectivo G80, en su carta, reclama:
1-Acelerar la búsqueda de Julia Chuñil con todos los recursos disponibles.
2- Implementar el Acuerdo de Escazú con protocolos efectivos para proteger a defensores ambientales.
3- Investigar los vínculos entre actores económicos y las amenazas recibidas por Chuñil antes de su desaparición.
Hasta ahora, el Ministerio del Interior solo ha informado que el caso está “en investigación”, pero sin avances públicos. Mientras, la familia de Chuñil presentó una querella para presionar por respuestas.
