Residuos peligrosos en Vaca Muerta: promesas de valorización y una realidad que no cambia

En abril de 2024, el gobierno de la provincia de Neuquén anunció —a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales— una iniciativa para transformar profundamente la gestión de los residuos peligrosos generados por la actividad hidrocarburífera. El objetivo: reducir riesgos ambientales, costos logísticos y conflictos jurídicos mediante el tratamiento in situ y la valorización de residuos como insumos viales. Sin embargo, más de un año después, poco o nada ha cambiado en los hechos.

Contaminación18/05/2025RedacciónRedacción
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Entre los proyectos destacados figura el presentado por AESA, empresa subsidiaria de YPF, que en agosto de 2023 propuso reutilizar recortes de perforación y lodos base aceite, previamente tratados con separación fisicoquímica, como estabilizado granular en obras viales. La iniciativa fue respaldada por ensayos técnicos y estudios de laboratorio, y se alinea con la normativa de la Dirección Nacional de Vialidad (especificaciones técnicas de capas granulares estabilizadas). No obstante, el proyecto aún no fue autorizado por la Subsecretaría de Ambiente ni por la Dirección Provincial de Vialidad, y permanece sin implementación, a pesar de haber cumplido los requerimientos técnicos exigibles.

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Esto sucede cuando el actual gobierno provincial ya acumula un año y medio de gestión y los indicadores del problema se agravan.

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Un sistema saturado, opaco y en crisis
Las plantas de tratamiento y disposición final de residuos en la Cuenca Neuquina están colapsadas o en estado crítico. De acuerdo con el último reporte ambiental de YPF (2023), la empresa generó 465.300 m³ de residuos industriales peligrosos, incluyendo lodos de perforación, agua de producción, recortes contaminados, suelos empetrolados y otros. Esta cifra equivale a más de 23.000 bateas por año, recorriendo rutas de alta circulación y aumentando riesgos ambientales, logísticos y legales.

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Surgen preguntas que aún no tienen respuesta clara:

  • ¿Por qué el volumen ingresado en las plantas —según cubicaciones— excede el declarado por las operadoras? ¿Se estarían mezclando residuos con material virgen (tierra limpia) para incrementar volumen facturable?
  • ¿Por qué algunos rellenos de seguridad tienen mayor volumen acumulado que el certificado oficialmente como dispuesto en celdas? ¿Cómo se explica esta diferencia?
  • ¿Por qué las operadoras, con altísima capacidad técnica para operar a 3.000 metros de profundidad, no pueden tratar residuos en superficie, cuando se dispone de tecnologías maduras y seguras?
  • ¿Por qué se mantiene la obligación de transportar residuos a plantas externas —como Treater, Indarsa o Comarsa—, con pérdida total de trazabilidad y costos logísticos hasta cinco veces superiores a los del tratamiento en origen?
  • ¿Por qué en Estados Unidos, el 80% de los residuos de perforación es reutilizado en caminos y obras viales, según datos de la EPA y la Society of Petroleum Engineers (SPE), mientras que en Neuquén ese porcentaje es prácticamente cero?

Estas inconsistencias alimentan sospechas fundadas sobre un sistema con trazabilidad deficiente, posibles maniobras de sobrefacturación de volúmenes y responsabilidades diluidas entre el Estado, las operadoras y los contratistas.

Valorización: ensayada, aprobada, frenada
Diversas empresas, entre ellas YPF, AESA y EcoPolo, han presentado proyectos de valorización de residuos peligrosos, con ensayos de campo exitosos. El material obtenido cumple con especificaciones IRAM y puede ser utilizado como base para caminos internos, accesos a locaciones y obras de mantenimiento vial rural, evitando el uso de materiales vírgenes de cantera.

Entre sus beneficios:

  • Disminuye hasta un 95% la disposición final en celdas o rellenos.
  • Reduce hasta un 50% los costos logísticos al eliminar transporte innecesario.
  • Evita la sobreexplotación de suelos vírgenes, protegiendo áreas rurales y minimizando extracción.
  • Baja la necesidad de riego y mantenimiento de caminos en áreas productivas.
  • Cumple con normativas técnicas vigentes, como las especificaciones del Manual de Caminos Rurales de la Dirección Nacional de Vialidad y normas IRAM 13556 e IRAM 15230 sobre estabilizados granulares.

Pero a pesar de su viabilidad técnica, económica y ambiental, ninguna autoridad ha habilitado su aplicación a escala industrial. Los proyectos continúan paralizados, en espera de autorizaciones que no llegan.

Qué se debería hacer (y no se hace)
El problema está diagnosticado. Las alternativas existen. La hoja de ruta es conocida. Entonces, ¿por qué no se avanza?

  • ¿Por qué no se habilita el tratamiento in situ en instalaciones propias dentro del yacimiento, como se permite en Texas, Alberta o Noruega?
  • ¿Por qué no se actualiza la normativa provincial que exige transporte y disposición externa, cuando existe evidencia técnica de valorización segura?
  • ¿Por qué se mantienen trámites burocráticos innecesarios, que desalientan a empresas dispuestas a invertir en soluciones responsables?

La inacción tiene consecuencias concretas: más residuos acumulados, mayor riesgo ambiental, más judicialización, mayores costos operativos y un creciente rechazo social en comunidades cercanas como Añelo, Centenario y San Patricio del Chañar.

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El negocio de no cambiar
La inercia del sistema tiene una explicación económica: es rentable para unos pocos. El modelo actual está sostenido por operadores que concentran transporte, tratamiento y disposición final, generando:

  • Altísimos costos por tonelada tratada, con poca fiscalización del Estado.
  • Contaminación de napas, suelos y aire documentada en causas judiciales.
  • Judicialización creciente, con al menos tres causas penales en trámite en el fuero ambiental neuquino.
  • Rechazo comunitario y conflictividad social, como ocurrió en 2023 con bloqueos y protestas en rutas de acceso a plantas de tratamiento.
  • Imposibilidad técnica y financiera para las pymes de cumplir con exigencias que no tienen correlato ambiental real.

Utopía
La valorización de residuos peligrosos no es una utopía. Es una alternativa técnicamente probada, económicamente viable y ambientalmente necesaria. Existen antecedentes exitosos a nivel internacional y propuestas concretas a nivel local, acompañadas por estudios técnicos y avales de organismos especializados.

No se trata de inventar nada nuevo. Se trata de desmontar un sistema caro, contaminante e insostenible, cuya principal barrera es la falta de decisión política y de voluntad regulatoria. Si no se avanza, no será por falta de soluciones, sino por el costo político de modificar un modelo con intereses concentrados y opacidad sistémica.

El tiempo corre. Y mientras no se actúe, los residuos seguirán acumulándose. Con ellos, también lo harán los riesgos, las sospechas y las consecuencias.

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