Menos plata para apagar incendios, más plata para aviones de guerra: el contraste del Presupuesto 2026

Este viernes 9 de enero de 2026 el mapa del fuego en la Patagonia volvió a encender alarmas: la Agencia Federal de Emergencias informó cinco focos activos, con dos en Neuquén y otros en Chubut y Santa Cruz.  En la zona cordillerana, el incendio en Puerto Patriada (El Hoyo, Chubut) seguía activo con partes oficiales que advertían “riesgo elevado” y comportamiento impredecible, mientras que en Parque Nacional Los Alerces se reportaban jornadas de comportamiento extremo del fuego.

Este es el punto central: no se trata de un debate teórico sobre partidas. El fuego está activo ahora, con viento, sequedad y calor. Y en ese contexto el Estado nacional decidió achicar su capacidad de respuesta.

El recorte: 69% real menos que en 2023 para el Manejo del Fuego

De acuerdo con el análisis del Presupuesto 2026, la partida del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) queda en $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% respecto de 2023 (y del 53,6% frente a 2025). 

Además, el ajuste se expresa en metas operativas: menos horas de vuelo previstas para el combate aéreo (insumo crítico en la cordillera, donde el acceso terrestre suele ser lento y complejo). El propio detalle comparativo muestra una baja fuerte en lo programado para 2026 respecto de 2023.  Y hay otro dato demoledor: no solo se recorta lo presupuestado; también se subejecuta. Según Chequeado, en 2025 quedó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego. 

En criollo: cuando la emergencia llega, no solo se recortan los fondos disponibles, sino que ni siquiera se usa todo lo asignado.

 F-16: US$ 350 millones para aviones de guerra casi obsoletos y con operatividad limitada… y la pregunta incómoda

En abril de 2024 el Gobierno aprobó el gasto de US$ 350 millones para la compra de 24 aeronaves F-16 a Dinamarca. Esa cifra es clave para dimensionar el contraste.

Ahora hagamos la comparación que duele:

Un avión hidrante moderno tipo DHC-515 es estimado en el orden de US$ 45–50 millones por unidad, según coberturas especializadas y reportes de la industria. Con US$ 350 millones, Argentina podría haber financiado entre 6 y 7 aviones hidrantes nuevos de esa categoría (dependiendo de configuración, repuestos y soporte). Incluso tomando valores históricos del CL-415 (otra referencia mundial), se lo ubicó cerca de US$ 37 millones en compras y reportes previos. No es que un país no pueda invertir en defensa.

La crítica es más concreta: cuando la cordillera se prende fuego, el Estado elige recortar el sistema que salva casas, bosques y vidas —y al mismo tiempo sostiene erogaciones cuantiosas en equipamiento militar que no tiene utilidad alguna frente a la emergencia climática que ya está ocurriendo.

La mala gestión no es solo ajuste: es vaciamiento operativo

El oficialismo suele justificar estos recortes con el discurso del orden fiscal. Pero acá el “ahorro” funciona como una bomba de tiempo:

*menos prevención (y la prevención es lo único que abarata daños),
*menos capacidad aérea planificada,
*subejecución de lo asignado,
y una realidad climática que empeora: sequía, olas de calor, vientos y combustible vegetal seco.

El resultado es previsible: se tarda más en llegar, se combate peor, se quema más. Y lo que se pierde en la cordillera no se repone con una planilla Excel: se pierden bosques, suelo, biodiversidad, turismo, agua, viviendas, infraestructura y seguridad comunitaria.

Neuquén: más exposición y una lógica peligrosa

Para Neuquén el problema es doble. Por un lado, porque la Patagonia suele quedar en la primera línea del fuego; por otro, porque cuando la Nación se retira, la provincia queda obligada a cubrir con recursos propios una emergencia que, por escala y simultaneidad, es federal.

En definitiva, el Presupuesto 2026 no es neutral: es una definición política de prioridades. Y en la cordillera, esa definición se mide en hectáreas quemadas y en vidas puestas al límite.

Menos brigadistas, salarios de miseria y un sistema al límite

El ajuste no se expresa solo en aviones que no vuelan o prevención que no llega: también golpea de lleno al personal brigadista, la primera línea frente al fuego. En los últimos dos años se registraron recortes y no renovación de contratos, pérdida de personal con experiencia y salarios que quedaron muy por debajo de la inflación, con ingresos que apenas superan el salario mínimo para tareas de altísimo riesgo físico. 

Brigadistas nacionales y provinciales vienen advirtiendo que trabajan jornadas extenuantes, con contratos temporarios, sin estabilidad y con equipamiento insuficiente, mientras el Estado reduce partidas y demora recomposiciones salariales.

El resultado es un sistema exhausto: menos manos para combatir incendios cada vez más intensos, personal desmotivado y una peligrosa naturalización de la precariedad en una tarea que pone en juego vidas humanas. En la cordillera, donde cada minuto cuenta, el vaciamiento del recurso humano es tan grave como la falta de aviones.