Una denuncia ciudadana abrió un nuevo capítulo en la polémica por el loteo aprobado en el Lago Pellegrini. La abogada y residente de Cinco Saltos, Gabriela Prokopiw, presentó un “ protesto” contra la ordenanza que habilitó un desarrollo inmobiliario en la zona, con el argumento de que la iniciativa podría afectar gravemente la flora y la fauna autóctona, además de avanzar sin estudios de impacto ambiental.
El recurso legal, que se ampara en el artículo 127 de la Carta Orgánica Municipal, permite que las ordenanzas aprobadas sean revisadas cuando se considere que no responden al interés general. De prosperar, el proyecto deberá volver a tratarse en comisión en el Concejo Deliberante.
Riesgo ambiental en un área sensible
La letrada advirtió que la Península Ruca Có, donde se proyecta el loteo, posee flora autóctona frágil, características geológicas desfavorables y ausencia de infraestructura para servicios básicos como agua, cloacas y electricidad.
“Imaginate un loteo de ocho hectáreas con luz, con movimiento de suelos para hacer las cloacas. Hay un montón de cosas que contaminan el medioambiente y ni siquiera sabemos por qué es beneficioso para los ciudadanos”, señaló Prokopiw.
Según explicó, la ordenanza fue aprobada sin el correspondiente estudio de impacto ambiental, en contradicción con el artículo 41 de la Constitución Nacional. La abogada remarcó que esto habilita la deforestación, la contaminación de aguas subterráneas y la pérdida de biodiversidad en un entorno de alto valor ecológico.
Una cesión con antecedentes
El origen de las tierras en cuestión se remonta a 1993, cuando la Municipalidad de Cinco Saltos cedió varias hectáreas a la familia Otaño con el objetivo exclusivo de construir una pista de motocross. La normativa entonces prohibía la venta, subdivisión o uso residencial del terreno.
“Cuando se adjudica la sesión de varias hectáreas a la familia Otaño es exclusivo para uso recreativo. El artículo 4 establece la restricción del dominio”, explicó Prokopiw. Sin embargo, el circuito nunca se construyó y, en 2023, el Concejo Deliberante aprobó una modificación a la normativa que eliminó esas restricciones, habilitando el desarrollo de loteos.
Tratamiento exprés y controversias
El proyecto fue aprobado en la sesión del 13 de agosto, en un trámite que según la abogada se hizo con “celeridad” y sin cumplir todos los pasos necesarios. “Lo que están haciendo es anticonstitucional”, remarcó.
Además, Prokopiw señaló que la familia Otaño habría iniciado una demanda contra el municipio para lograr la subdivisión de las tierras, lo que derivó en un acuerdo extrajudicial que incluyó el pago de 80 mil dólares en concepto de honorarios profesionales.
Alternativas para la comunidad
La abogada sostuvo que, en lugar de habilitar un desarrollo residencial privado, las tierras podrían destinarse a proyectos con un beneficio directo para la comunidad, como ocurre en la zona del Arroyón, donde vecinos impulsan huertas y producción de frutas y hortalizas que podrían potenciar una feria itinerante.
“Lo más grave es la aprobación de los concejales para darle vía libre a un proyecto que no resguarda los intereses de los ciudadanos, nada a favor del pueblo. Este proyecto va en contra de los intereses del pueblo y encima se aprueba rápidamente”, concluyó Prokopiw.
