RedacciónUna decisión del Gobierno de Santa Cruz puso el foco sobre uno de los territorios naturales más emblemáticos de la Patagonia: Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno y en jurisdicción del departamento Lago Argentino.
Mediante el Decreto Provincial N.º 0915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre, el Ejecutivo provincial exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una restricción vigente para permitir una operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU.
La operación involucra la Fracción G, Matrícula 186, ubicada en la región de Península de Magallanes, y está vinculada al desarrollo de un proyecto turístico denominado oficialmente “Master Plan Ecocentro”.
Este es uno de los puntos centrales de la controversia.
Una normativa provincial de 2017 había establecido restricciones para operaciones de este tipo sobre inmuebles ubicados total o parcialmente dentro de áreas provinciales protegidas, reservas naturales y otras categorías de conservación.
Península de Magallanes se encuentra alcanzada por un régimen especial de protección ambiental. Por eso, para que la transferencia pudiera concretarse, el Gobierno provincial debió otorgar una excepción específica.
El Decreto 0915/2026 aclara expresamente que la medida alcanza únicamente a esta operación y a este proyecto y que no podrá ser utilizada como antecedente o precedente vinculante para futuras solicitudes similares.
La compradora es ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad constituida en Argentina en julio de 2026.
De acuerdo con la información societaria relevada por medios santacruceños, su único accionista es ASB Hospitality LLC, una compañía registrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El objeto de la sociedad argentina incluye actividades vinculadas con hotelería, turismo, gastronomía, servicios e inversiones inmobiliarias.
Por eso se habla de una operación vinculada a capitales extranjeros, aunque la empresa que figura formalmente como adquirente está constituida en Argentina.
El decreto identifica al emprendimiento como “Master Plan Ecocentro”, aunque el texto publicado en el Boletín Oficial no ofrece detalles exhaustivos sobre las construcciones previstas.
En declaraciones posteriores, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, sostuvo que el desarrollo se limitaría a un predio de aproximadamente 20 hectáreas, de las cuales unas cuatro serían ocupadas con infraestructura.
Según la descripción realizada por el funcionario, el proyecto contempla 24 cabañas, hasta 60 plazas de alojamiento, un salón de usos múltiples y senderos peatonales.
Estos datos provienen de las explicaciones públicas del funcionario y no del texto resumido del Decreto 0915 publicado en el Boletín Oficial. La documentación completa del proyecto es, justamente, parte de la información que ahora reclama la Legislatura.
Otro dato importante es que la autorización de la compraventa no implica que el emprendimiento quede liberado de controles ambientales.
El Decreto 0915 establece que el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada, pero condiciona su habilitación, ejecución, puesta en marcha y funcionamiento al cumplimiento de la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente.
También dispone que los desarrolladores deberán respetar las restricciones, planes de manejo y medidas de mitigación que establezcan el Consejo Agrario Provincial y los demás organismos involucrados.
Garay señaló además que entre las medidas previstas se encuentran sistemas de tratamiento de efluentes, mecanismos de prevención y combate de incendios y una intervención limitada sobre la cobertura vegetal. Estas afirmaciones deberán poder contrastarse con la documentación técnica completa del proyecto.
La decisión del Ejecutivo llegó rápidamente a la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Los legisladores aprobaron por unanimidad de los 18 diputados presentes un pedido para que el Poder Ejecutivo remita el expediente completo y los antecedentes relacionados con el Decreto 0915/2026.
Entre la documentación solicitada se encuentran informes técnicos, dictámenes jurídicos, estudios, actas, consultas y antecedentes elaborados por los distintos organismos que participaron del procedimiento.
Los diputados también buscan conocer en profundidad el estudio de impacto ambiental, las características del Master Plan Ecocentro, su compatibilidad con el Plan de Manejo de Península de Magallanes y los mecanismos de información y participación ciudadana utilizados durante el proceso.
El presidente del Consejo Agrario Provincial confirmó posteriormente que concurrirá a la Legislatura para brindar explicaciones sobre los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto.
La controversia no se limita a quién compra el terreno.
El punto ambiental más relevante es por qué se decidió exceptuar una restricción existente sobre un territorio protegido y cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales que respaldaron esa decisión.
El decreto sostiene que la excepción es única y que el desarrollo continuará sujeto a las normas de conservación. Al mismo tiempo, el pedido unánime de la Legislatura muestra que todavía existen aspectos del procedimiento y del proyecto que los diputados consideran necesario conocer en detalle.
Por eso, conocer el expediente completo y la evaluación ambiental será fundamental para determinar qué intervención concreta se proyecta sobre el territorio, qué impactos fueron identificados y cuáles son las medidas previstas para evitarlos o mitigarlos.
En uno de los paisajes naturales más reconocidos de la Patagonia, el debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa a muchos destinos de la región: cómo compatibilizar el desarrollo turístico y las inversiones con la protección efectiva de ecosistemas de alto valor ambiental.
Fuente principal: Decreto Provincial 0915/2026 — Boletín Oficial de Santa Cruz
