Comunidades mapuches denuncian a YPF por disposición ilegal de residuos peligrosos en pozos sumideros

El 26 de agosto de 2025, representantes de nueve comunidades mapuches —entre ellas Kaxipayiñ, Fvta Xayen, Campo Maripe, Manuel Segundo, Ragileo Cárdenas, Kelv Kura, Newen Mapu y Wirkalew— presentaron una denuncia penal ante el fiscal general de Neuquén, José Ignacio Gerez. La acción cuenta con el patrocinio letrado del abogado Jorge Lautaro Nahuel y se fundamenta en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y en el Código Penal.

Los denunciantes sostienen que YPF habría utilizado pozos sumideros para la disposición final de residuos líquidos peligrosos —como el agua de retorno de la fractura hidráulica (flowback) y el agua de producción— sin cumplir los requisitos de trazabilidad, tratamiento y certificación que impone la normativa vigente.

El corazón de la acusación: los pozos sumideros

Según la presentación, esta práctica no sería aislada, sino sistemática y extendida en distintos yacimientos neuquinos como Loma Campana, Bandurria Sur, Loma La Lata-Sierra Barrosa, La Amarga Chica, Aguada del Chañar y Río Neuquén.

Los sumideros están ubicados en áreas cercanas al río Neuquén y a los lagos Mari Menuco y Los Barreales, fuentes de agua utilizadas para consumo humano, riego y recreación. Para las comunidades denunciantes, esto constituye un riesgo ambiental y sanitario tangible: la posible migración de contaminantes hacia acuíferos subterráneos o cuerpos superficiales de agua.

El escrito detalla que en muchos de estos casos no existen certificados de disposición final, no se realizan análisis químicos previos ni monitoreos periódicos de la integridad de los pozos, y que los residuos se disponen en grandes volúmenes sin trazabilidad en el sistema oficial (MERE – Manifiesto Electrónico de Residuos Especiales).

Normativa presuntamente incumplida
La denuncia cita múltiples normas que, según los firmantes, no fueron observadas por la operadora ni por las autoridades de control:

• Ley Nacional 24.051 (Residuos Peligrosos).
• Decreto Provincial 2263/15 y Decreto 1483/12, que regulan la gestión de residuos en Neuquén.
• Disposición SSH N.º 29/12, que exige estudios geológicos, pruebas de hermeticidad y monitoreo de caudales.
• Código Penal (arts. 200 y 248), que tipifica la contaminación peligrosa y el incumplimiento de deberes de funcionario público.

Además, se señala la posible responsabilidad penal de directivos actuales y pasados de YPF, así como de funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos de la provincia, por omisión de controles.

El contexto: millones de metros cúbicos sin control

De acuerdo con la denuncia, la fractura hidráulica y la puesta en producción de pozos generan más de 35 millones de metros cúbicos anuales de residuos líquidos en la Cuenca Neuquina. Se estima que 33 millones de metros cúbicos son inyectados en sumideros sin trazabilidad ni certificación, lo que configuraría un pasivo ambiental acumulativo.

Este escenario, afirman, representa no solo una falta administrativa sino un delito ambiental con efectos permanentes y de riesgo colectivo.

Lo que reclaman las comunidades

Las comunidades mapuches piden al Ministerio Público Fiscal que:

• Ordene la suspensión inmediata de los sumideros que no acrediten cumplimiento de requisitos técnicos y legales.
• Disponga auditorías ambientales independientes con participación de universidades públicas.
• Exija la implementación urgente de medidas de monitoreo y remediación ambiental en las zonas críticas.
• la posible responsabilidad penal de funcionarios provinciales y directivos de YPF.

Un tema que abre debate

El caso pone sobre la mesa un aspecto sensible de la industria hidrocarburífera: la gestión de residuos líquidos derivados de la explotación de Vaca Muerta. Aunque los pozos sumideros son una práctica reconocida en la normativa, la denuncia sostiene que en Neuquén no se cumplen los estándares de control y seguridad.

La presentación se suma a antecedentes de conflictos ambientales en la región y reaviva la discusión sobre cómo equilibrar el desarrollo energético con la protección de los recursos hídricos y los derechos de las comunidades locales.