#JusticiaAmbiental

El Lof Kaxipayiñ de Loma La Lata elevó denuncias a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y a la Bolsa de Nueva York (NYSE), advirtiendo sobre causas penales abiertas contra YPF en Neuquén y el blindaje judicial que protege a la petrolera. La intervención del regulador norteamericano marca un nuevo capítulo en la disputa por los impactos ambientales y sociales del fracking en Vaca Muerta.

La Angostura, concesión no convencional superpuesta al histórico yacimiento de Loma La Lata, fue otorgada a YPF pese a décadas de contaminación sin saneamiento, agua subterránea con hidrocarburos, pozos y ductos sin ser abandonados, inyección de agua sin previo tratamiento, dádivas en reemplazo de indemnización por servidumbre y decenas de expedientes ambientales administrativos irresueltos. Todo ello en abierta contradicción con la Ley 3401 de consulta previa a la Comunidad Mapuche Kaxipayiñ, que desde 2002 mantiene un juicio por daños en la justicia federal.

Un fallo inédito de la justicia laboral ordena a la refinería Shell‑Raízen reincorporar a un trabajador despedido por denunciar contaminación y exigir condiciones seguras. El caso sienta un precedente clave al vincular activismo ambiental con derechos laborales protegidos.

Una denuncia penal presentada por la Comunidad Mapuche Kaxipayiñ en Neuquén expone una contaminación histórica y no remediada en el área hidrocarburífera de Loma La Lata, atribuyendo la responsabilidad principal a YPF S.A. y denunciando la inacción y omisión tanto del Estado provincial como nacional. El caso revela graves consecuencias en la salud pública, el ambiente y los derechos comunitarios, y plantea la urgencia de una respuesta integral para revertir el daño y garantizar justicia ambiental.

Más de una decena de juntas vecinales y organizaciones locales impulsaron la creación de un foro ciudadano en Bariloche para enfrentar la crisis ambiental urbana y rural. Exigen planificación, respeto por los bienes naturales y participación activa en las decisiones que afectan al territorio.

Una reforma impulsada por sectores políticos y corporativos pretende habilitar la minería y la explotación de hidrocarburos en áreas glaciares y periglaciares, protegidas hasta hoy por ley. El impacto ambiental sería profundo y posiblemente irreversible, afectando el agua dulce, la biodiversidad, la estabilidad climática y el derecho de las futuras generaciones.

Aunque arrojó residuos peligrosos a un canal de riego en Centenario y fue imputado por contaminación dolosa, un empresario evitará el juicio penal si cumple con tareas de remediación. La liviandad de la pena reaviva el debate sobre la impunidad ambiental, el doble estándar judicial y la fragilidad del sistema para castigar delitos ecológicos que afectan a toda la comunidad.

El informe “State of the Air 2025” de la Asociación Americana del Pulmón revela que 156 millones de personas viven en condados con niveles peligrosos de ozono y partículas finas. Las comunidades hispanas son casi tres veces más propensas que la población blanca a residir en zonas donde la contaminación supera los límites de seguridad, una brecha agudizada por el cambio climático y la falta de monitoreo ambiental.