Redacción
Argentina atraviesa 2025 bajo un escenario que ya no admite eufemismos: la crisis climática dejó de ser una advertencia futura y se convirtió en un hecho cotidiano. Mientras el debate público oscila entre urgencias económicas y disputas políticas, el territorio nacional acumula señales de colapso ambiental que no encuentran respuesta estructural.
En la Patagonia, los incendios forestales arrasaron 49.000 hectáreas, afectando ecosistemas frágiles, biodiversidad nativa y comunidades locales. El fuego ya no es un fenómeno excepcional: se repite, se expande y encuentra paisajes cada vez más vulnerables por la sequía prolongada y la falta de prevención.
Al mismo tiempo, el agua mostró su otra cara destructiva. Bahía Blanca registró 290 milímetros de lluvia en apenas 12 horas, un volumen extremo que desbordó sistemas urbanos, provocó inundaciones y dejó en evidencia la falta de infraestructura adaptada a eventos climáticos intensos, cada vez más frecuentes.
La provincia de Buenos Aires, corazón productivo del país, tampoco escapó al impacto: 4,5 millones de hectáreas resultaron afectadas por inundaciones, con consecuencias directas sobre la producción agropecuaria, los caminos rurales y la vida de miles de familias. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, estos eventos responden a un patrón climático alterado, amplificado por el uso del suelo y la ausencia de planificación ambiental.
Mientras tanto, en el norte argentino, la degradación avanza en silencio. La deforestación ilegal alcanzó 41.928 hectáreas en apenas seis meses en Santiago del Estero, Salta y Chaco, una cifra alarmante que refleja la continuidad del desmonte pese a la vigencia de la Ley de Bosques. A esto se suma un dato aún más preocupante: no existen informes oficiales actualizados, lo que refuerza la sensación de abandono y opacidad en la gestión ambiental.
El denominador común de todos estos episodios es la indiferencia institucional frente al cambio climático. Sin políticas de adaptación, sin controles efectivos y sin información pública confiable, el país se expone a un deterioro acelerado de su base natural, comprometiendo no solo al ambiente, sino también a la economía y a la cohesión social.
Argentina no es ajena a la crisis climática global, pero sí es responsable de cómo decide enfrentarla. En 2025, los incendios, las inundaciones y la deforestación ya no son desastres “naturales”: son el resultado de decisiones —y omisiones— que tienen consecuencias concretas sobre el presente y el futuro del país.
