La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una medida cautelar presentada en el marco de una acción por presunto daño ambiental en la Cuenca Neuquina, impulsada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra empresas operadoras, entre ellas YPF.
Según el fallo, no se acreditaron los presupuestos básicos exigidos para este tipo de medidas excepcionales, como la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora. La decisión no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión ambiental, pero vuelve a poner en evidencia una dificultad recurrente: la complejidad de probar técnicamente el daño ambiental en territorios con actividad hidrocarburífera intensiva.
El caso vuelve a abrir el debate sobre los límites entre producción energética, control ambiental y acceso efectivo a la Justicia.
